9 oct. 2014

En México no se procura sino se posterga Justicia.



Impunidad es la realidad que reproducen los Ministerios Públicos (MP) en el país, delegando conceptos de prontitud, expedites y gratuidad para convertirlos en corrupción e inacción de su parte.

El MP es sin duda la institución mas disfuncional que existe en este país, a través de el se niega la posibilidad de la justicia y por ende de la seguridad de los ciudadanos. A pesar de su sustento constitucional, es decir de la importancia que tiene dentro de nuestro  sistema legal, encontramos solo un conjunto de oficinas, papeles y personal no capacitado, corrupto que convierte en disfuncional la institución.  Toda esa burocracia se teje como barrera para acceder a la justicia  y cada día raya ya en lo insólito.

Ministerio Publico de Tenancingo, Estado de México.
Personal completamente ignorante de lo que la ley les obliga y les permite usan su posición para generar impunidad.  No importa que delito,  que por ley estén obligados a perseguir, lo único que hacen es procurar arreglos so pretexto de carga de trabajo, de no existir delito o bien de recibir dinero siempre por la parte responsable. 

El MP es un órgano que precede el Procurador General, en el ámbito federal le corresponde al Presidente su designación y en el local a los Gobernadores,  que se encarga de perseguir los delitos y ejercer acción penal. Es decir basta la denuncia, la querella o la acusación de un delito para que el MP inicie una investigación para que sea juzgado  ante el poder judicial.

Ministerio Publico de Ocuilan, Estado de México
La simple tarea de investigar a través de las procuradurías de justicia cualquier ilícito del que tengan conocimiento les es imposible.  Siempre se conducen bajo pretextos, negación e incluso intimidación para quien acude a su auxilio.  Con ello se generan distintas consecuencias que agravan la situación de seguridad de este país.

La primera es impunidad que conlleva a violencia, es decir la comisión de más delitos frente a la necesidad de lograr justicia, puesto que si la autoridad competente no cumple entonces los ciudadanos deben tomar la fuerza en sus manos. Esto sucedió en el caso del médico Mireles  quien encabezo en Michoacán un movimiento armado, de autodefensa ciudadana, que el gobierno local y federal reconoció y además se sumó, para después declarar  su ilegalidad.


La segunda es inseguridad que conlleva a la ilegitimidad del gobierno y de las leyes, los ciudadanos no confían en las instituciones que se encargan de procurar justicia, puesto que hartos de la impunidad, de la no acción de los ministerios públicos, deciden tomar por su propia mano lo que por ley les es negado. No hay credibilidad en la ley, puesto que esta se resume a la inacción del poder judicial, que a su vez le resta coercibilidad y respeto.  Los ciudadanos no  le ven sentido en acudir a denunciar si la respuesta siempre es la misma. Ministerios públicos del Estado de México, de Morelos, del Distrito Federal, Guerrero, Chiapas son ejemplos claros de corrupción, intimidación y  tráfico de influencias.

La ley se convierte en letra muerta frente a la injusticia, nada importa cuando se cobran vidas por la falta de acciones de quienes están obligados a procurarla. Todo el presupuesto que se destina al Poder Judicial se resume en  perdida puesto que ni siquiera por eso cumplen con su trabajo.

Si el delito es noticioso, atrae cámaras y la atención de miles, probablemente entonces se aborde conforme a la ley.  Hoy 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero son víctimas de la inseguridad, la impunidad y la violencia que desencadena el mismo Estado Mexicano. Por supuesto que los policías municipales coludidos con los Ministerios públicos han generado estas acciones contra la misma población.


¿Qué pretexto usará Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los legisladores?  Probablemente justifiquen este hecho tan atroz ligando a esos jóvenes a actividades ilícitas o le den el crédito al narcotráfico sin reconocer que es el mismo Estado quien ha cometido y permitido esa matanza.

¿Ahora si podrá el Ministerio Publico ejercer acción penal? O  les dirán a las familias una vez más  que no existe delito, que lleguen a un acuerdo, que no se sabe quién es el responsable y por lo tanto no se puede hacer nada, que el delito ya se consumió, que ellos no pueden hacer nada, que los policías no encontraron pruebas suficientes, que fueron los narcos, que los jóvenes normalistas están metidos en cosas turbias, ¿Cuál será esta vez la justificación?

Sin duda en México no hay justicia, no existe seguridad y menos un gobierno capaz de asumir su responsabilidad, seguimos inmersos en el juego de un Estado que culpa al narcotráfico, hasta de  sus propios errores y delitos,  con el único pretexto de que así son las cosas.

Todo el Poder judicial es sin duda disfuncional y un lastre para este país, incluido los ministerios públicos quienes son los primeros en violar la ley y adecuarla a su arbitrio, nadie imparte justicia en este país.  Los miles de delitos que se cometen a diario quedan impunes con la única posibilidad de cobrar justicia por propia mano.


¿Queremos un país seguro y justo? Entonces comencemos por castigar a los agentes del ministerio Público que hoy dirigen la institución más corrupta del país. 

Luis García Mendoza. 

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